Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF han solicitado a la jueza Loretta Preska que declare en desacato a la República Argentina por no entregar mensajes y correos electrónicos personales de funcionarios. Esta petición forma parte de un procedimiento de discovery para probar que el Estado y la petrolera operan como una misma entidad. Sin embargo, la jueza suspendió recientemente una orden previa favorable a los demandantes, lo que representa un alivio temporal para Argentina.
En el marco del litigio por la expropiación de YPF en 2012, los beneficiarios del fallo judicial, liderados por el bufete Burford Capital, presentaron una moción ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska. Solicitan sanciones y una orden de desacato contra Argentina si persiste en no entregar comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, como parte del procedimiento de 'discovery' del alter ego. Este busca demostrar que el Estado argentino y YPF actúan como una sola entidad, facilitando posibles embargos sobre activos como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas.
Según el abogado Sebastián Soler, 'el gobierno argumenta que, por tratarse de comunicaciones mediante cuentas y dispositivos personales, sólo puede proporcionarlos si los individuos lo consienten'. Algunos han consentido, pero otros, como el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, se niegan. Los demandantes proponen un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026 para resolver esta moción.
Un desarrollo favorable para Argentina ocurrió el 23 de diciembre de 2025, cuando Preska suspendió una orden anterior que permitía investigar activos de YPF potencialmente embargables. El especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, lo describió como un 'regalo navideño para YPF', ya que impide temporalmente esa búsqueda de activos. No obstante, Maril aclaró que 'esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente'.
El caso subraya las tensiones en el pago de la deuda derivada de la expropiación, estimada en miles de millones de dólares, y las implicaciones para la soberanía económica argentina.
