Javier ‘N’ y José Luis ‘N’, exdirectores de Sedatu, han denunciado la falsificación de sus firmas en documentos clave de la investigación por la Estafa Maestra. Un peritaje de la FGR confirmó la irregularidad, pero la fiscalía cerró el caso sin justificación adecuada. Los afectados buscan amparos para proteger sus derechos.
La controversia surgió cuando Javier ‘N’, exdirector en la Coordinación de Delegaciones de Sedatu, detectó que su firma fue falsificada en el acta de entrega-recepción de trabajos vinculados a la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Inició la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0006740/2022 por falsificación de firma. Un peritaje oficial en grafoscopía realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la firma no le pertenece.
José Luis ‘N’, exdirector de Proyectos Estratégicos, reportó una irregularidad similar en su caso y solicitó un peritaje comparable, pero no ha recibido respuesta, lo que obstaculiza su acceso a la justicia. Esta evidencia era la principal prueba de la FGR para imputarles un presunto desvío de más de 77 millones de pesos en la causa penal 172/2022. A pesar de la falsedad confirmada, el juez Luis Benítez negó el sobreseimiento, obligando a la defensa a recurrir a un amparo.
La FGR atrajo la denuncia por falsificación a la misma unidad que los acusa, la Fiscalía de Asuntos Relevantes. En diciembre de 2025, determinó el no ejercicio de la acción penal, cerrando la investigación con anomalías: notificaciones por correo electrónico que la defensa nunca recibió, sin recibo de recepción, y sin fundamentar el cierre pese al peritaje que demuestra el fraude documental.
Desde 2023, el ministerio público Mario Bulmaro Fonseca habría intentado ocultar el documento y el dictamen pericial. En respuesta, Javier ‘N’ y José Luis ‘N’ han iniciado acciones legales en 2026: el juicio de amparo 22/2026, con audiencia el 3 de marzo; una solicitud de audiencia de control para que la FGR rinda cuentas sobre las pruebas ignoradas, pendiente desde diciembre de 2025; y una denuncia ante Asuntos Internos el 6 de febrero de 2026 contra servidores públicos involucrados.
El caso cuestiona la integridad de la FGR en las investigaciones de la Estafa Maestra, donde se alega el uso de documentos apócrifos para sostener acusaciones. Se menciona a Emilio Zebadúa como figura clave en el caso, quien ha reconocido delitos pero no ha enfrentado prisión, a diferencia de otros implicados como Rosario Robles.
