Una presunta red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, operó dentro de la Secretaría de Marina con la participación de al menos 34 marinos, según una investigación de la Fiscalía General de la República. El caso surgió de un audio en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció la red ante el exsecretario Rafael Ojeda Durán, implicando a sus sobrinos políticos. La Fiscalía mantiene abierta la causa penal, pese a que la Marina no encontró irregularidades.
La investigación por huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar) se destapó tras la difusión de un audio obtenido por Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024, denuncia ante el exsecretario Rafael Ojeda Durán una red criminal vinculada a sus sobrinos políticos, Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna. Ojeda le pidió presentar la denuncia por escrito. Aunque la Marina afirmó no hallar irregularidades en sus pesquisas, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una causa penal basada en las acusaciones de Guerrero.
En 2023, Ojeda comentó al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero sobre posibles actos de corrupción en la institución, pero las indagatorias no encontraron pruebas de contrabando de combustible. Documentos internos de la Marina revelan que la red se consolidó con el nombramiento de José Luis Arellano Ruiz como subsecretario, impulsado por Manuel Roberto Farías Laguna y su tía Sandra Luz Laguna, esposa de Ojeda. Arellano Ruiz estableció vínculos con políticos y empresarios, incluyendo acercamientos a la entonces candidata Claudia Sheinbaum para ofrecer financiamiento de campaña a cambio de mantener a Ojeda en el cargo.
La red involucró a 34 oficiales en aduanas clave como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Operadores principales incluyen al capitán de corbeta Miguel Solano, quien recolectaba recursos en aduanas y los distribuía; al capitán Clímaco Aldape Utrera, que realizaba trámites legales e ilegales; y al teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, quien facilitaba el trasiego de drogas con cárteles, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, en puertos de varios estados.
Otros implicados son el vicealmirante Miguel Rivas Hernández, quien movilizaba unidades para proteger grupos delictivos; Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado; el almirante Raúl Pérez Vázquez; el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca; el contralmirante Martín Francisco Mouton, director de Construcciones Navales; y el contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro, en el Estado Mayor. En la Unidad Naval de Inteligencia, contralmirantes Gabriel Guzmán Comparán y César Mora Arenas investigaban sin autorización superior.
Los mandos recibían compensaciones mensuales: el contralmirante Marco Antonio Bandala, en Manzanillo, ocho millones de pesos por facilitar mercancías; y el contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, en la aduana de Ciudad de México, cinco millones. La recaudación total superaba los 50 millones de pesos semanales. Manuel Roberto Farías Laguna está preso, mientras su hermano Fernando permanece prófugo.
