Las autoridades cubanas continúan la investigación sobre un intento de infiltración armada frustrado en aguas territoriales al norte de Villa Clara, donde diez cubanos radicados en Estados Unidos fueron interceptados. Cuatro murieron en el enfrentamiento y uno más falleció posteriormente, mientras que Maritza Lugo, exiliada en EE.UU., niega ser la financista principal según las acusaciones del régimen. Las autoridades estadounidenses han expresado disposición a cooperar.
El 25 de febrero de 2026, una lancha rápida con diez cubanos provenientes de Estados Unidos fue interceptada en aguas territoriales cubanas al norte de Villa Clara, según reportes del Ministerio del Interior. En el enfrentamiento, cuatro personas murieron instantáneamente y seis resultaron heridas y fueron detenidas. El 27 de febrero, un coronel del Ministerio del Interior declaró en televisión nacional que Maritza Lugo, una cubana exiliada en Estados Unidos, era la principal financista del grupo, que supuestamente planeaba introducir armas en la isla por mar.
El 4 de marzo de 2026, la Fiscalía cubana presentó cargos de terrorismo contra los sobrevivientes. Ese mismo día, Roberto Álvarez Ávila falleció a causa de sus heridas, según informó el Ministerio del Interior el 5 de marzo. Los detenidos heridos continúan recibiendo atención médica especializada.
Maritza Lugo, nacida en 1963 en Santa María del Rosario, provincia de La Habana, es una ex prisionera política considerada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional. Participó en el Partido Democrático November 30 “Frank País”, fundado en 1991, y cumplió cinco años de prisión por cargos de “instigación a la comisión de delitos” y “soborno”. Su esposo, Rafael Ibarra Roque, fue sentenciado a 20 años en 1994. Lugo se exilió en Estados Unidos en enero de 2001 y niega las acusaciones, describiéndolas como “infames” en una entrevista con Martí Noticias, afirmando que no entrenó ni financió al grupo.
Desde el inicio, las autoridades cubanas han mantenido comunicación con sus contrapartes estadounidenses. El 2 de marzo de 2026, EE.UU. transmitió a través de canales diplomáticos su disposición a cooperar plenamente, incluyendo intercambio de información y evidencia. Las acciones forenses y de investigación avanzan para esclarecer los hechos e implicar a todos los responsables, incluyendo individuos basados en Estados Unidos. El Ministerio del Interior mantendrá informada a la opinión pública conforme progrese la pesquisa.
