El fiscal general de Florida ha confirmado la reapertura de la investigación criminal sobre el derribo de aviones de Brothers to the Rescue en 1996, en el que murieron cuatro personas, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses. Esta acción implica directamente a Raúl Castro como figura principal. El caso, considerado un crimen de lesa humanidad, no prescribe y podría llevar a una orden de arresto internacional.
El 24 de febrero de 1996, aviones MiG cubanos derribaron dos aeronaves de un solo motor pertenecientes a Brothers to the Rescue, una organización sin fines de lucro fundada en Miami a principios de los años 90. Esta patrullaba aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la isla. Las víctimas fueron los ciudadanos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa y Armando Alejandre, así como el residente permanente Pablo Morales.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó la reapertura de la investigación. “Cuando se cometen injusticias contra ciudadanos de Florida, tanto bajo la ley estatal como federal, los responsables deben rendir cuentas”, declaró Uthmeier sobre los eventos de 1996.
Registros previos del caso, abiertos a principios de este siglo, imputaron a dos pilotos de combate y a un general al mando de la Fuerza Aérea cubana por los asesinatos. Además, se vinculó el incidente a una red de espionaje cubana capturada en 1998, donde al menos dos agentes infiltrados en la organización proporcionaron información detallada sobre rutas y horarios de vuelo al gobierno cubano, facilitando la operación militar.
Estos dos agentes formaban parte de Los Cinco Cubanos, quienes regresaron a La Habana en 2014 tras un intercambio de prisioneros durante la administración de Barack Obama. Ahora hay llamados para incluir al responsable último de la decisión, Raúl Castro, de 94 años, quien junto a su hermano Fidel ordenó el derribo.
El incidente provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana, y semanas después llevó a la aprobación de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo. El régimen cubano justificó el derribo alegando que ocurrió en aguas cubanas, mientras que los acusadores sostienen que fue sobre aguas internacionales.
Un obstáculo principal es que Raúl Castro no reside en territorio estadounidense. Aunque existe un tratado bilateral de extradición antiguo, no se ha aplicado desde 1959. Además, el control del Estado cubano sobre la narrativa dificulta recopilar evidencia y testimonios. Sin embargo, el peso político y moral del caso se evalúa por encima de todo, con precedentes como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
