Una inspectora de la Agencia Tributaria ha declarado en el juicio contra la familia Pujol que el año 2008 de fraude fiscal contra el primogénito Jordi Pujol Ferrusola ha prescrito. Los peritos dudaron si pagos de empresarios correspondían a servicios reales. El tribunal de la Audiencia Nacional continúa con testimonios de Hacienda.
En el juicio de la Audiencia Nacional contra el expresident Jordi Pujol, sus siete hijos, Mercè Gironés —exesposa del primogénito— y ocho empresarios por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude fiscal, han declarado cuatro inspectores de la Agencia Tributaria de la Delegación de Catalunya este lunes 23 de marzo de 2026. Una inspectora analizó las empresas Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing de Jordi Pujol Ferrusola entre 2008 y 2011. Concluyó que en 2008 se eludieron 89.244 euros de Pujol Ferrusola como persona física, 55.162 de IMISA y 4.375 de Project Marketing, pero prescritos a efectos penales. Para años posteriores propuso liquidaciones como 135.951 euros para Pujol Ferrusola en 2009, entre otras. La Fiscalía acusa a Pujol Ferrusola de evadir 6.598.799 euros en total entre 2007 y 2012. Los peritos dudaron de facturas por servicios de intermediación pagadas por empresas como Copisa e Isolux en proyectos como la venta de un club de golf en Ronda, ampliación de refinería en Cartagena, plantas solares en Alcázar de San Juan, o negocios en México y Gabón. La Fiscalía sostiene que eran por favores en concursos públicos catalanes. No se aportó documentación probatoria de los servicios, solo de pagadores, y las empresas tenían una sola empleada compartida. La inspectora aclaró: «Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida». Aún declararán peritos de la ONIF.
