El proceso penal por irregularidades en la remodelación del Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva está al borde del colapso debido a demoras judiciales que han causado la prescripción de varios delitos. Acusados como interventores y contratistas podrían quedar exonerados de cargos menores, dejando solo el peculado por apropiación en pie. La tragedia de 2016, que dejó cuatro muertos y diez heridos, podría terminar sin condenas por el paso del tiempo.
El colapso parcial de la tribuna occidental del Estadio Guillermo Plazas Alcid ocurrió el 19 de agosto de 2016, causando cuatro muertes y diez heridos, además de la pérdida de una inversión de 24 mil millones de pesos. El proceso penal iniciado por anomalías en el contrato de consultoría No. 921 de 2012, para estudios y diseños, enfrenta ahora un 'desplome jurídico' por la morosidad en la audiencia preparatoria.
La Fiscalía acusa a particulares como Erika Johanna Fernández Figueroa, representante del Consorcio Diseños Estadio, de actuar como coautora en delitos como falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según su abogado, Mauricio Toro Chávarro, estos cargos han prescrito: el de falsedad ideológica en febrero de 2022, y el de contrato sin requisitos en mayo de 2024, tras más de ocho años desde la imputación en 2017. Similarmente, Gustavo Adolfo Arboleda Álvarez y Miguel Alejandro Lozano Castañeda, calificados como intervinientes, se benefician de estos plazos.
El juez Freddy Peña Ávila, del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, solo se pronunciará al final de la audiencia extendida. Para el prevaricato por acción, el curador urbano Mauricio Vargas Cuéllar también vería prescrito su cargo en agosto de 2025. El único delito que persiste es el peculado por apropiación de alta cuantía, con un término de prescripción hasta 2032, dependiendo de la calificación de la pena.
Esta situación, agravada por cambios de jueces, fiscales y estrategias dilatorias, debilita la acusación al eliminar pruebas de irregularidades como certificaciones falsas de cumplimiento en diseños incompletos y omisiones financieras. Las víctimas y el interés público enfrentan un riesgo de impunidad parcial o total si la demora continúa.
