En las audiencias de formalización por la trama bielorrusa, las defensas expusieron graves falencias en la investigación del Ministerio Público, lo que llevó a la jueza Michelle Ibacache a advertir que deben aclarar cada alegación. La fiscalía ordenó diligencias urgentes para recabar nuevas declaraciones. Además, tanto defensas como el CDE buscan testimonios de 13 ministros de la Corte Suprema involucrados en los fallos clave.
La formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos en la denominada trama bielorrusa se extendió por cuatro jornadas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Las primeras audiencias, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, estuvieron a cargo del Ministerio Público, liderado por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el persecutor Marco Muñoz, quienes imputaron a los acusados como autores de soborno, cohecho y lavado de activos. Alegaron que se concertaron con la exministra Ángela Vivanco para que la Tercera Sala de la Corte Suprema resolviera favorablemente recursos del Consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco.
El lunes 10 y martes 11 de noviembre, las defensas contraatacaron. Los abogados de Vargas, Sergio Contreras y Conall Morrison, argumentaron que la georreferenciación no prueba coordinación, ya que Vargas y Vivanco nunca fueron captados por la misma antena de comunicaciones. Cristián Cáceres y Luis Andrés, defensores de Lagos, criticaron la indagación por estar llena de conjeturas e indicios no concluyentes, con informes de Carabineros que mencionan 'no se puede descartar' situaciones. Destacaron un comentario en la solicitud de detención: 'Ojo, lo que figura en recuadro en adelante en letra color azul está señalado en el informe, pero no consta aún que se haya verificado'. Andrés señaló: 'Todos hemos trabajado bajo presión y cometimos errores, pero aquí se actuó con apuro (...) Algo o alguien dio una orden para que esta investigación se apurase'.
Además, cuestionaron que una reunión clave en casa de Vivanco el 8 de agosto de 2023 fue una celebración, no para redactar un recurso, como alegó la fiscalía. La jueza Ibacache intervino: 'Les advierto a los querellantes y al Ministerio Público que tendrán que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas. La verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando'.
En respuesta, la fiscalía ordenó al OS7 tomar siete declaraciones urgentes el lunes 10: dos trabajadores del edificio de oficinas (José Acevedo y Luis Fuentes), tres en el edificio de Vivanco, su exchofer Juan Carlos Lizana (quien la llevaba al restorán Danubio Azul) y la organizadora del cóctel en casa de Vivanco. Estos antecedentes se usarían en las réplicas, aunque las defensas planean controvertirlos.
Un vacío clave es la ausencia de declaraciones de los ministros de la Tercera Sala que resolvieron con Vivanco. Sergio Contreras criticó: 'En un año y dos meses de investigación, el Ministerio Público tiene un vacío en su indagación. No le ha tomado declaración a los ministros que integraban la sala'. El CDE también considera citar a 13 magistrados y abogados: Cristina Gajardo, Mario Carroza, Leonor Etcheberry, María Angélica Benavides, Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Pedro Águila, Diego Simpertigue, Ricardo Enrique Alcalde, María Teresa Letelier, Diego Munita, Eliana Quezada y Andrea Ruiz. Solo hay testimonios de relatoras del expediente de remoción de Vivanco.
El Colegio de Abogados condenó los hechos como 'graves' e inició indagaciones disciplinarias contra Vargas y Yamil Najle, acusados de ayudar en el lavado de $45 millones.