En Cuba, la crítica ciudadana se trata como una amenaza en lugar de un derecho legítimo, agravando la crisis social y económica. La Constitución de 2019 garantiza libertades de expresión y movimiento, pero la realidad muestra un uso arbitrario de leyes para castigar disidencias. Esto bloquea canales de participación necesarios para corregir errores y resolver problemas.
La disidencia en cualquier sociedad sirve para señalar problemas, cuestionar decisiones políticas y responsabilizar a los poderosos. En Cuba, ante una crisis prolongada con escasez de alimentos y medicinas, apagones recurrentes y deterioro en la calidad de vida, se requiere revisar decisiones y abrir canales de participación. Sin embargo, cualquier crítica se percibe como amenaza, lo que intensifica tensiones.
La Constitución de 2019 establece: “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión a todas las personas”. También asegura el debido proceso y la libertad para entrar, permanecer y salir del territorio nacional. A pesar de esto, existe una brecha con la práctica diaria: términos como “desobediencia” y regulaciones de seguridad nacional se aplican de forma expansiva y arbitraria a ejercicios legítimos de derechos.
Casos como la detención del empresario William Sosa y la prohibición de salida del historiador Alexander Hall ilustran esto. El manejo gubernamental del medio independiente El Toque, vinculado a colaboradores y emprendedores, ha sido cuestionable. Acciones legales solo proceden por conductas como difusión de noticias falsas que causen daño verificable o libelo, pero requieren un estado de derecho que proteja la libertad de prensa, ausente en Cuba.
Términos como “terrorismo mediático” carecen de base en tratados internacionales y parecen respuestas policiales más que cuestionamientos legítimos. Es clave distinguir crítica al gobierno de ataques al país; las primeras surgen de preocupación por el bienestar colectivo.
Restricciones por interés público no son exclusivas de Cuba, pero deben regirse por reglas claras y debido proceso. Invocar seguridad nacional para suprimir disidencias pacíficas erosiona la confianza en instituciones y trivializa el concepto. La hostilidad externa no exime responsabilidades internas en economía y servicios.
La criminalización fomenta extremismo, polarización y delegitimación institucional. Un ejemplo es el exministro de Economía Alejandro Gil: advertencias de economistas y periodistas sobre decisiones económicas fueron ignoradas hasta investigaciones oficiales. Silenciar disidencias es contraproducente; se necesitan espacios seguros para crítica que permitan correcciones y salida de la crisis mediante diálogo, no coerción.