El senador Ronald “Bato” dela Rosa ha presentado una solicitud urgente ante la Corte Suprema para evitar su posible arresto por parte de la Corte Penal Internacional. El movimiento surge en medio de informes no confirmados sobre una orden de arresto de la CPI, tras la reciente detención del ex presidente Rodrigo Duterte. Dela Rosa argumenta que cualquier acción de este tipo violaría la soberanía filipina y el debido proceso.
En una 'manifestación muy urgente' de 25 páginas presentada ante la Corte Suprema el 13 de noviembre de 2025, el senador Ronald “Bato” dela Rosa, a través de su abogado Israelito Torreon, solicitó una orden de restricción temporal (TRO) o un auto de injunction preliminar. Esto para protegerlo de 'arresto ilegal o entrega a un tribunal extranjero sin debido proceso', en medio de informes sobre un inminente arresto de la CPI relacionado con los asesinatos extrajudiciales en la guerra contra las drogas.
La presentación hace referencia al arresto y traslado del ex presidente Rodrigo Duterte el 11 de marzo de 2025 a la instalación de detención de la CPI en La Haya, que dela Rosa afirma que ocurrió sin orden judicial o warrant de extradición, desafiando los límites constitucionales. Tanto Duterte como dela Rosa son peticionarios en una petición de certiorari pendiente que cuestiona la legalidad del arresto de Duterte y la cooperación filipina continua con la CPI.
'A menos que se restrinja, los demandados podrían invocar nuevamente la “cooperación internacional” o la “comidad” para justificar acciones similares al arresto y traslado del ex presidente (Rodrigo) Duterte el 11 de marzo de 2025', indica la manifestación. Instó a la corte a 'afirmar su rol constitucional como árbitro final... y prevenir otro colapso constitucional que erosionaría la noción misma de la soberanía filipina'.
Dela Rosa también busca injunctions contra cualquier solicitud de entrega de la CPI, asistencia gubernamental a testigos de la CPI a través del Programa de Protección de Testigos del Departamento de Justicia bajo la Ley de la República N° 6981, y la transmisión de comunicaciones de la CPI a través de canales oficiales. El programa, argumenta, está limitado a la jurisdicción filipina y no se extiende a tribunales extranjeros.
La solicitud sigue a la declaración radial del Ombudsman Jesus Crispin Remulla el 8 de noviembre de 2025, en la que afirmó que existe una orden de arresto de la CPI, aunque luego aclaró que solo posee una 'copia no oficial' de una fuente de terceros. Agencias incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos Exteriores y el Departamento del Interior y Gobierno Local reportan que no han recibido una orden oficial o una Notificación Roja de Interpol. En una moción separada, dela Rosa pidió a la corte que obligue a Remulla a presentar el documento, explicar su obtención y proporcionar certificaciones de agencias relevantes dentro de 72 horas.
'La posesión de Remulla de una orden “no oficial pero existente” crea confusión pública, incertidumbre legal y un efecto paralizante en los derechos constitucionales de los peticionarios', reza la moción.