Una adulta mayor falleció en Cúcuta mientras exigía medicamentos esenciales que no recibía desde septiembre para su hijo con discapacidad. El caso resalta problemas estructurales en el acceso a la salud para personas mayores en Colombia. Abogados enfatizan la obligación constitucional de proteger a esta población vulnerable.
En una entidad de salud en Cúcuta, una adulta mayor permaneció aproximadamente siete meses sin recibir sus medicamentos y falleció mientras reclamaba los esenciales para su hijo con discapacidad, que no le entregaban desde septiembre. Este incidente ha reavivado el debate sobre las condiciones reales en que las personas mayores acceden a tratamientos y servicios de salud en Colombia, afectando especialmente a una población vulnerable con deterioro progresivo de la salud, limitaciones físicas y capacidad económica reducida.
“Las entidades del sistema de salud deben considerar la condición personal y social de los adultos mayores. Se trata de personas que, en muchos casos, dependen exclusivamente de medicamentos subsidiados y cuya estabilidad física puede deteriorarse gravemente ante cualquier interrupción en sus tratamientos”, explica Jimmy Jiménez, abogado del bufete Integrity Legal.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 46, establece que el Estado, la sociedad y la familia deben proteger y asistir a las personas de la tercera edad, garantizando su integración a la vida activa y comunitaria. Esta obligación es clave para el derecho fundamental a la salud. Demoras injustificadas en la entrega de medicamentos o postergación de procedimientos pueden causar agravamiento de patologías, deterioro de la calidad de vida e incluso muertes.
Además, la Ley 1850 de 2017 refuerza estas medidas de protección. “La protección reforzada de las personas mayores no es un acto de buena voluntad; es una obligación constitucional directa. Cuando una entidad de salud retrasa la entrega de medicamentos esenciales, no solo incurre en una falla del servicio, sino que puede estar vulnerando derechos fundamentales como la salud y la vida digna”, señala Jiménez.
Ante vulneraciones, se pueden presentar requerimientos ante la Superintendencia Nacional de Salud o acciones de tutela judiciales. Colombia también asume compromisos internacionales para una protección efectiva de los derechos de los adultos mayores, exigiendo acciones concretas y oportunas por parte del sistema de salud.