El Frente de Guerra Oriental del ELN dio a conocer un supuesto juicio revolucionario contra cuatro funcionarios estatales retenidos en Arauca. Las autoridades colombianas rechazaron de inmediato el anuncio y exigieron la liberación inmediata de las víctimas.
El grupo armado informó que prolonga el cautiverio de dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos integrantes de la Dijín de la Policía bajo la figura de prisión revolucionaria. Según el comunicado, Jesús Antonio Pacheco Oviedo fue condenado a 60 meses y Rodrigo Antonio López Estrada a 55 meses, mientras Franki Esley Hoyos Murcia recibió 36 meses y Yordin Fabián Pérez Mendoza 32 meses, restando el tiempo ya transcurrido.
Las víctimas fueron secuestradas en 2025: Pacheco y López el 8 de mayo en Fortul, Arauca, y Hoyos y Pérez el 20 de julio en la vía entre Tame y Arauca. El ELN los acusó de espionaje y participación en estructuras estatales.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría emitieron un pronunciamiento conjunto en el que señalaron que solo la Rama Judicial puede ejercer funciones judiciales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el comunicado como carente de legitimidad judicial y pidió la liberación de todos los secuestrados por el ELN.
