En 2025, la gestión de residuos de envases registró avances significativos cuando Maryland y Washington promulgaron nuevas leyes de responsabilidad extendida del productor (EPR), elevando el total a siete estados. Oregon lanzó el primer programa EPR operativo, trasladando los costos de los contribuyentes a los productores. Este desarrollo resalta un movimiento creciente hacia infraestructuras de reciclaje financiadas por productores.
El año 2025 marcó avances notables en la responsabilidad extendida del productor (EPR) para envases en Estados Unidos. Según el Product Stewardship Institute, Maryland y Washington se unieron a los programas existentes en Maine, Oregon, Colorado, California y Minnesota, exigiendo a las empresas que fabrican, importan o marcan productos envasados que financien la recogida, clasificación y reciclaje de esos materiales tras su uso.
La SB 901 de Maryland, firmada como ley en mayo, destaca por permitir múltiples organizaciones de responsabilidad del productor (PRO) para gestionar programas, al tiempo que promueve envases reciclables, reutilizables o compostables. La ley de Washington, también promulgada en mayo, busca capturar envases de consumo y extender servicios de recogida a áreas desatendidas, con plazos de cumplimiento para productores fijados en 2028.
Oregon se convirtió en el primer estado en aplicar su programa EPR el 1 de julio de 2025, cuando más de 2.000 productores se registraron y pagaron cuotas de afiliación a la Circular Action Alliance (CAA), la PRO designada. Las sanciones por incumplimiento alcanzan hasta 25.000 dólares por día. Jeff Fielkow, CEO de CAA, resaltó los desafíos de implementación: “¿Cómo sé si soy foodservice? ¿Cómo sé qué materiales cubiertos forman parte del programa?” Esta transición reveló una pronunciada curva de aprendizaje para productores en los cinco estados donde opera CAA.
Otros estados avanzaron de forma variable. Maine modificó su ley de 2021 para eximir a pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a 5 millones de dólares durante los primeros tres años (luego 2 millones), productores que manejan menos de una tonelada de envases al año y ciertos productos alimenticios perecederos. El HB 750 de Hawái ordenó una evaluación de necesidades EPR para finales de 2027, mientras que Rhode Island aprobó un proyecto similar en junio. Connecticut promulgó el HB 5019 para baterías de consumo, y Nebraska aprobó la LB36, Ley de recogida y reciclaje seguro de baterías.
Sin embargo, los esfuerzos se estancaron en varios lugares: el S 1464 de Nueva York avanzó pero fracasó, el S 3398 de Nueva Jersey no pasó comisiones, y los SB 269 y HB 600 de Tennessee volvieron a fallar. La LB 607 de Nebraska permanece en el limbo. En total, ahora existen 146 leyes EPR en 35 estados y 21 categorías de productos, cubriendo 1.300 millones de acres y 272 millones de personas. El mosaico de plazos estatales —desde las presentaciones de datos de California en 2023 y multas de hasta 50.000 dólares por día en 2027, hasta las tarifas de Colorado en 2026 y los planes de Minnesota en 2028— plantea obstáculos para el cumplimiento, pero señala un cambio duradero en la economía del reciclaje.