El Regulador de Información de Sudáfrica ha obligado al Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) a divulgar los registros fiscales del expresidente Jacob Zuma, criticando el manejo indulgente de la agencia ante su incumplimiento. Esta decisión sigue una batalla de siete años bajo la Ley de Promoción del Acceso a la Información. El fallo destaca el interés público en la transparencia respecto a los asuntos fiscales de Zuma y posibles conductas indebidas del SARS.
En febrero de 2019, el medio de investigación amaBhungane y el periodista Warren Thompson presentaron solicitudes bajo la Ley de Promoción del Acceso a la Información (Paia) para acceder a los registros fiscales de Jacob Zuma. Sospechaban que Zuma no había declarado todos sus ingresos y que SARS lo trataba con indulgencia. Tras rechazos iniciales, el caso escaló al Tribunal Constitucional, que en mayo de 2023 dictaminó que la legislación fiscal y la Paia eran inconstitucionales en la medida en que impedían divulgaciones de interés público sobre información de contribuyentes.
Tras esta victoria, amaBhungane resubmitió solicitudes en diciembre de 2023 para las declaraciones de impuestos de Zuma y documentos relacionados. SARS negó nuevamente el acceso, alegando ausencia de evidencia de violación legal. El caso llegó entonces al Regulador de Información, donde la presidenta, la abogada Pansy Tlakula, emitió una notificación de ejecución el miércoles, ordenando la divulgación completa.
El regulador confirmó la prevalencia de interés público de la Paia, que exige la divulgación si revela incumplimientos legales sustanciales y los beneficios públicos superan los daños. Encontró que Zuma presentó declaraciones tardías cada año durante su presidencia, solo después de requerimientos finales, subdeclaró impuestos en 2017 y 2018 con penalidades, enfrentó cargos penales por declaraciones falsas y omitió ingresos brutos o hechos materiales. Estas infracciones repetidas, cada una punible con prisión, constituían violaciones sustanciales, especialmente de un presidente.
El regulador también señaló posibles conductas indebidas del SARS, describiendo su 'enfoque blando' como un fracaso en aplicar diligentemente las leyes fiscales, planteando preguntas sobre la equidad en el manejo de los asuntos de Zuma. La divulgación, según la notificación, promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones, disuadiendo la evasión fiscal por parte de funcionarios. Aunque reconoció preocupaciones de privacidad, consideró la información comercial, limitando cualquier intrusión. Este fallo subraya el rol del regulador en cumplir obligaciones constitucionales ante instituciones estatales debilitadas.