El ministro del STF Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar el crimen organizado en Río de Janeiro en el marco de la ADPF das Favelas. La decisión sigue a la Operación Contenção, que dejó 121 muertos en los complejos de Penha y Alemão. Moraes se reunió con grupos de la sociedad civil, prometiendo mayor involucramiento de la Corte Suprema y peritajes independientes con supervisión federal.
El miércoles 5 de noviembre de 2025, el ministro del STF Alexandre de Moraes, relator de la ADPF 635 (conocida como ADPF das Favelas), ordenó a la Policía Federal abrir una investigación sobre el crimen organizado en Río de Janeiro. La medida busca investigar indicios de delitos con repercusiones interestatales e internacionales, así como las actividades de grupos criminales violentos y sus conexiones con agentes públicos. El despacho de una página se refiere a una petición sellada del 29 de agosto, pero cobró impulso ahora, de manera autónoma respecto al fallo de la ADPF.
La decisión surge de la Operación Contenção, realizada en octubre en los complejos de Penha y Alemão en el norte de Río, que dejó 121 muertos, la más letal en la historia del estado. Moraes asumió la relatoria tras la jubilación de Luís Roberto Barroso y, en una de sus primeras acciones, se reunió el lunes 3 de noviembre con el gobernador Cláudio Castro (PL-RJ) para discutir el saldo de la operación. El gobernador fue convocado para aclarar los criterios de la acción, el número de agentes involucrados y las circunstancias de las muertes.
El miércoles, Moraes se reunió durante más de dos horas, en dos rondas, con representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Los participantes informaron que el ministro prometió mayor involucramiento del STF en las investigaciones y garantizó peritajes con supervisión federal para asegurar la imparcialidad. Los grupos expresaron preocupaciones sobre la integridad de las pruebas y las acciones de las agencias estatales, y la Defensoría Pública de la Unión había solicitado la preservación rigurosa de rastros. Moraes ordenó la conservación total de pruebas, peritajes y cadenas de custodia.
La ADPF 635, presentada por el PSB en 2019 y respaldada por movimientos sociales, impone reglas a las operaciones policiales, como cámaras corporales, notificación al Ministerio Público y restricciones a acciones en comunidades para reducir abusos y letalidad. La primera medida cautelar fue concedida por Edson Fachin el 5 de junio de 2020, suspendiendo operaciones durante la pandemia de Covid-19 excepto en casos excepcionales. Desde 2020, Río ha registrado 5.039 operaciones; del 1 de enero al 15 de octubre de 2025, hubo 786. En los complejos de Penha y Alemão, se reportaron al menos 45 acciones. Castro afirmó que la operación respetó las reglas con 'uso proporcional de la fuerza', pero ha criticado la ADPF como 'maldita' por obstaculizar el acceso policial a las comunidades. La administración de Castro no comentó sobre la decisión de Moraes hasta la publicación de los reportes.