El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional revela que solo República Dominicana y Guyana han mejorado significativamente desde 2012, mientras que 12 de 33 países de la región han retrocedido. La puntuación promedio en las Américas es de 42 sobre 100, indicando estancamiento en la lucha contra la corrupción. Países como México, Brasil y Colombia figuran entre los afectados por este deterioro.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional, evalúa a 182 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). En las Américas, la puntuación promedio se mantiene en 42 puntos, sin avances notables en la región.
Desde 2012, solo dos naciones han registrado mejoras significativas: República Dominicana con 37 puntos y Guyana con 40. En contraste, 12 de los 33 países han empeorado considerablemente. El informe destaca que años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y fomentado el crimen organizado transnacional, afectando directamente a la población.
Países como México (27 puntos), Brasil (35) y Colombia (37) han visto deterioros que impactan la paz y promueven la impunidad. Costa Rica (56), Uruguay (73) y Canadá (75) lideran como las democracias más sólidas. En el extremo opuesto, Venezuela, Nicaragua y Haití enfrentan altos niveles de violencia, inseguridad, represión e instituciones fallidas, junto con corrupción estructural.
Estados Unidos registró su puntuación más baja histórica con 64 puntos, continuando una tendencia descendente. Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, enfatizó: “Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda. Para ello es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente. La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”.
El informe subraya la necesidad de acciones concretas para revertir esta tendencia regional.