Documentos internos revelan que las instrucciones para rechazar pacientes no rentables en el Hospital de Torrejón se emitieron por escrito, confirmando las grabaciones de una reunión directiva. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso minimiza el escándalo como rencillas internas y anuncia inspecciones adicionales. El CEO de Ribera Salud defiende los audios como descontextualizados.
El 25 de septiembre, Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera Salud —empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón—, se reunió con una veintena de directivos. En audios de esa reunión, publicados por EL PAÍS, Gallart ordenó revertir la reducción de listas de espera de 2022 y 2023 para lograr un EBITDA de "cuatro o cinco millones" de euros, seleccionando procesos rentables y reutilizando productos sanitarios de un solo uso hasta 10 veces, como catéteres que cuestan más de 2.000 euros.
Documentos escritos corroboran estas directrices. Dos semanas después, un directivo envió un correo recordando: “Como comentamos en la reunión NO SE DEBEN INCLUIR PACIENTES NO CÁPITA (sic) en diálisis peritoneal, y al parecer esta instrucción estaba clara”. Los “pacientes no cápita” son aquellos fuera del área sanitaria del hospital, seleccionados por rentabilidad. Gallart justificó las medidas alegando que el hospital pierde nueve millones anuales en amortizaciones y gastos financieros.
Cuatro directivos fueron despedidos por denunciar estas prácticas en el canal ético interno, alertando de la “vulneración de los derechos de los pacientes”. Gallart, que pidió ser apartado de la gestión de Torrejón pero sigue al frente del grupo, envió una carta y un audio adicional afirmando que los fragmentos publicados están “fuera de contexto” y que está dispuesto a continuar “aunque la rentabilidad sea cero”, siempre con listas de espera menores que las públicas.
El sábado, Isabel Díaz Ayuso calificó los audios como “sacados de contexto” en una “pugna entre directivos” y negó priorización económica de pacientes, afirmando que no hay quejas y las listas son “inmejorables”. Anunció una nueva inspección, sumada a las 40 anuales, y negó la reutilización de material, atribuyéndola a posible negligencia si ocurrió. Una inspección interna de la Comunidad de Madrid concluyó que no hay evidencia de irregularidades.
El Gobierno central criticó el modelo: Pedro Sánchez defendió el artículo 43 de la Constitución sobre sanidad pública, y la ministra Mónica García lo tildó de “flujo de la pública a la privada”, con millones a empresas como Ribera.