El sindicato de derechos civiles de la policía y las prisiones (POPCRU, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta urgente acusando al Departamento de Servicios Correccionales de ignorar una sentencia del tribunal laboral antes de la transferencia del centro de Mangaung al control estatal el 1 de julio.
POPCRU envió la carta el 29 de junio de 2026 a través de sus abogados, exigiendo que el departamento proporcione uniformes, equipos y horarios de turnos para el antiguo personal de G4S antes del 1 de julio. El sindicato también pidió el fin de la contratación externa, lo que describió como un intento de eludir la orden judicial. El tribunal laboral dictaminó el 30 de abril de 2026 que la terminación de la concesión constituye una transferencia de empresa como negocio en funcionamiento bajo la Sección 197 de la Ley de Relaciones Laborales. Una solicitud para suspender la orden fue desestimada el 18 de junio de 2026. Bloemfontein Correctional Contracts advirtió en un registro de posición separado que la falta de preparación corre el riesgo de descarrilar una transferencia ordenada. POPCRU declaró que buscará sanciones por desacato al tribunal si el departamento no cumple.
