El Ministerio Público de Santa Catarina identificó inconsistencias y lagunas en los informes policiales sobre la muerte del perro Orelha en Florianópolis y solicitará investigaciones adicionales. La policía concluyó la pesquisa el 3 de febrero, acusando a un adolescente y solicitando su internamiento, pero el MP exige mayor escrutinio sobre la implicación de otros sospechosos y posibles coacciones. El caso reavivó el debate nacional sobre la reducción de la edad de mayoría penal.
La muerte del perro Orelha, ocurrida en la madrugada del 4 de enero en la Praia Brava de Florianópolis, generó gran repercusión y reavivó las discusiones sobre la reducción de la edad de mayoría penal en Brasil. La policía concluyó la investigación el 3 de febrero, acusando a uno de los cuatro adolescentes investigados y solicitando su internamiento, mientras que los otros fueron excluidos del informe. Sin embargo, el Ministerio Público de Santa Catarina anunció el 6 de febrero que identificó «inconsistencias» y «lagunas» en los documentos, exigiendo una reconstrucción más precisa de los hechos. La 10.ª Promotoria de la Capital, responsable de Juventud e Infancia, señaló defectos en la evaluación de la participación de los jóvenes en actos análogos a la crueldad contra animales. De los cuatro sospechosos, solo uno fue acusado formalmente en un primer momento, pero el MP cuestiona el vínculo entre la agresión al animal y las presuntas coacciones ejercidas por familiares adultos contra un portero de un condominio. Los informes forenses indican que Orelha sufrió un golpe contundente en la cabeza, posiblemente de una patada u objeto, alrededor de las 5:30, corroborado por un vídeo de un sospechoso saliendo y regresando al condominio. El caso provocó un «linchamiento virtual» en las redes sociales, con la difusión de nombres y fotos de los adolescentes, violando la ley y afectando a inocentes. Las defensas alegan influencia de la desinformación y niegan intenciones de fuga, como rumores sobre el envío del acusado a Australia. Los activistas exigen la federalización, pero el delegado Ulisses Gabriel lo desmintió, alegando ausencia de omisión judicial o graves violaciones de derechos humanos. El episodio avivó opiniones divergentes sobre la mayoría penal. El diputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), relator de la PEC para un referéndum en 2028, apoya la reducción a 16 años, argumentando que la impunidad fomenta los crímenes y citando casos como Suzano y Aracruz. La abogada Ariane de Souza, de la OAB, rebate que las medidas socioeducativas son más efectivas, con un 20 % de reincidencia en la Fundação Casa frente al 41 % en prisiones adultas, y advierte de inconstitucionalidad. Los datos del CNJ muestran 12.000 adolescentes en privación de libertad, menos del 1 % de los 28 millones del grupo de edad, con una reducción de internos en más de 10 años gracias a políticas de inclusión. Los expertos destacan que los jóvenes son más víctimas que autores de delitos, y que fallos del Estado y de la sociedad contribuyen a la delincuencia.
