Una investigación extraoficial, financiada con fondos privados y presidida por el diputado independiente Rupert Lowe con el respaldo del grupo Restore Britain, sostiene que “como mínimo” 250.000 niñas fueron víctimas de redes organizadas de explotación sexual infantil durante décadas, aunque reconoce que los datos nacionales son incompletos y la escala global no puede cuantificarse con precisión.
El informe de la primera fase de la denominada “Investigación sobre bandas de violadores”, presidida por el diputado independiente Rupert Lowe y promovida por el grupo político Restore Britain, alega que diversos grupos organizados explotaron sexualmente a menores en todo el Reino Unido durante décadas.
El resumen ejecutivo del informe afirma que “como mínimo” 250.000 niñas fueron sometidas a violaciones reiteradas y explotación sexual, describiendo la cifra como una estimación basada en una declaración previa en la Cámara de los Lores y otros materiales publicados anteriormente, en lugar de un recuento basado en una base de datos nacional integral.
El informe de la investigación también señala haber identificado pruebas de actividad en al menos 149 distritos de autoridades locales, cifra vinculada a un apéndice que enumera las zonas en las que, según afirma, se sabe que han operado estas bandas.
Sobre la demografía de los delincuentes, el informe asegura que los perpetradores eran “predominantemente” de origen paquistaní musulmán y cita un análisis que, según dice, halló que cerca del 87% de los delincuentes condenados en ciertos casos de explotación sexual infantil grupal tenían “nombres distintivamente musulmanes”. El informe presenta este porcentaje como extraído de “registros judiciales e investigaciones oficiales”, aunque la cifra no es presentada como una estadística nacional oficial por las autoridades del Reino Unido.
El informe alega que las víctimas —a menudo descritas como vulnerables y frecuentemente de entornos blancos de clase trabajadora— eran captadas con regalos, alcohol y drogas, y posteriormente abusadas en lugares como casas y hoteles, siendo en algunos casos traficadas entre pueblos y ciudades.
Sostiene además que la policía, los servicios sociales y otras instituciones fallaron repetidamente al intervenir, alegando que la preocupación por las tensiones comunitarias y el miedo a ser vistos como racistas contribuyeron a la renuencia a confrontar los patrones de explotación grupal.
Por otro lado, una auditoría nacional encargada por el Gobierno y dirigida por la baronesa Louise Casey, publicada en junio de 2025, halló debilidades importantes en la forma en que las agencias registran y comparten datos sobre la explotación sexual infantil grupal, incluyendo lagunas en la recopilación de información sobre origen étnico. El análisis de Casey señaló que la falta de datos nacionales coherentes ha dificultado la comprensión de los patrones y la prevención, citando preocupaciones dentro de las instituciones sobre el planteamiento de temas considerados racialmente sensibles.
La investigación de Restore Britain pide reformas que incluyan el registro obligatorio del origen étnico y la nacionalidad de los delincuentes, junto con medidas más estrictas para los agresores extranjeros. El grupo ha declarado que pretende publicar material adicional en fases posteriores, aunque —a diferencia de una investigación pública estatutaria— no posee competencias legales para obligar a comparecer a testigos o presentar pruebas.
