La ministra de Justicia difunde un anteproyecto de ley para crear un registro público de agresores sexuales

La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, ha confirmado la difusión de un anteproyecto de ley para hacer accesible al público el Registro Nacional de Agresores Sexuales (NRSO, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica. La medida responde a las reiteradas peticiones de activistas y aborda la preocupación por la protección infantil. Las enmiendas están a la espera de una revisión de constitucionalidad.

La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, confirmó en una respuesta parlamentaria que se ha difundido un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos) con el fin de que sea sometido a comentarios. Los cambios se centran en las disposiciones sobre confidencialidad y divulgación del NRSO, con el objetivo de permitir el acceso público.

Kubayi respondió a una pregunta de la líder adjunta de Build One South Africa (Bosa), Nobuntu Hlazo-Webster. En una declaración de febrero de 2025, esta destacó los problemas de accesibilidad y señaló que "Varias ONG han informado de que obtener información del NRSO es un proceso lento y frustrante. Los sudafricanos de a pie y los padres no tienen forma de comprobar fácilmente si las personas a las que confían a sus hijos tienen antecedentes de delitos sexuales".

El NRSO, creado en 2007 y operativo desde 2009, incluye a unos 30.000 agresores sexuales condenados por delitos contra niños y personas vulnerables. Actualmente, solo los empleadores de sectores como las escuelas y los hospitales pueden consultarlo. La presión social aumentó en 2019, cuando el presidente Cyril Ramaphosa manifestó su intención de hacerlo público, aunque los avances se estancaron.

Recientes agresiones relacionadas con docentes pusieron de manifiesto fallos en la investigación de antecedentes por parte del Departamento de Educación. Bosa acogió la medida como "un paso importante en una lucha de larga duración para proteger mejor a las personas vulnerables", pero expresó su preocupación por la revisión constitucional pendiente a cargo del Asesor Jurídico del Estado.

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