La Alianza Democrática (DA) presentó una queja formal ante la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos el 12 de junio de 2026, señalando fallos sistémicos en la denuncia y el procesamiento de casos de abuso sexual infantil que resultan en embarazos de niñas pequeñas.
En la primera mitad de 2025, 798 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Sudáfrica. Según la ley, cada caso debería haber desencadenado una denuncia ante el Servicio de Policía Sudafricano (SAPS) para ser investigado como violación legal. Sin embargo, solo 110 de estos nacimientos fueron reportados al SAPS en el año fiscal 2025/2026.
El equipo de trabajo sobre violencia de género de la DA atribuyó la baja tasa de denuncias a la escasez de kits de violación, formularios incompletos, falta de personal entre los trabajadores sociales y una falta de intercambio de datos entre los hospitales, el departamento de desarrollo social y la policía. Sus miembros, incluidos Glynnis Breytenbach, Lisa Shickerling y Michéle Clarke, realizaron preguntas parlamentarias y visitas a los sitios que revelaron estas brechas.
Los datos del SAPS presentados el 4 de junio de 2026 mostraron 3.232 casos de violación legal denunciados en cinco años, de los cuales el 57,3 por ciento fueron retirados y solo el 14 por ciento resultó en condenas. Un retraso de más de 150.000 kits de violación sin procesar en el primer trimestre de 2026 añade más demoras. La DA ha solicitado a la SAHRC que declare la negligencia del Estado como inconstitucional y ordene la creación de un sistema de seguimiento integrado entre los departamentos.