Una comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea Nacional ha emitido un duro diagnóstico sobre la forma en que el sistema judicial gestiona la violencia sexual infantil y el incesto.
El informe, consultado por la AFP y que será presentado este jueves, pone de relieve fallos en todas las etapas de la cadena penal, desde la investigación hasta la sentencia. Señala que, ante el aumento explosivo de las denuncias, los recursos humanos son claramente insuficientes, contando apenas con 2000 investigadores especializados, y que la formación de los profesionales es inadecuada. El ponente, el diputado del PS Christian Baptiste, declaró a la AFP que el incesto es un delito masivo que requiere una respuesta integral de política pública. La comisión recuerda que 160 000 niños son víctimas de violencia sexual cada año, y que en el 81% de los casos el agresor pertenece al entorno familiar. Entre las cerca de cincuenta recomendaciones, el informe pide despenalizar la falta de representación de un menor cuando se sospecha de violencia sexual y tener en cuenta obligatoriamente la negativa de un niño a ver a uno de sus progenitores. Asimismo, insta a establecer una orden de protección infantil desde el momento en que se produzca la revelación y exige que los actos principales de investigación se completen en un plazo de tres meses.
