La oposición al salario vital en Colombia proviene de la derecha política y la ortodoxia económica, que lo conciben como un precio de mercado y costo de producción, priorizando la rentabilidad sobre la dignidad de los trabajadores. Este enfoque ignora las necesidades básicas de vida de quienes laboran, tratándolas como externalidades fuera del mercado. Recientemente, un decreto benefició a 98.000 soldados y 8.000 residentes médicos, pero enfrenta demandas para revertirlo.
El salario vital no se limita a un ajuste salarial; representa un derecho constitucional bajo el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, diseñado para asegurar que los trabajadores vivan con dignidad. Según el análisis de Jorge Coronel López, la resistencia de la derecha política se alinea con la ortodoxia económica, que percibe el salario como una mercancía cuyo precio debe minimizarse para proteger la competitividad y la rentabilidad del capital.
Esta visión coloca al trabajador como un factor contable, subordinado a las condiciones del mercado laboral, sin considerar la reproducción de la vida —como alimentación, vivienda y cuidado—. "El mercado paga horas de trabajo, pero no se hace cargo de que las personas que trabajan necesitan comer, vivir, descansar, cuidar y ser cuidadas", explica el autor. Además, tolera el desempleo e informalidad como mecanismos para mantener los salarios bajos, viéndolos no como fallas del sistema, sino como herramientas disciplinadoras.
La ortodoxia enfrenta cuestionamientos éticos y sociales, ya que su marco teórico choca con el Estado social de derecho. Mientras 98.000 soldados y 8.000 residentes médicos celebran el nuevo salario vital decretado para este año, opositores impulsan demandas para anularlo, enfocándose en el costo económico en lugar de la justicia social. Este debate inaugura la aplicación plena del artículo 53, destacando la tensión entre rentabilidad y bienestar humano.