Más de siete semanas después de que el Senado decidiera no despachar la reforma política impulsada por el exministro Álvaro Elizalde, la comisión mixta aún no se ha constituido y el Ejecutivo no le ha dado urgencia.
La reforma busca fortalecer comités parlamentarios, elevar restricciones para partidos y candidaturas independientes, y cuenta con respaldo transversal desde el PC hasta republicanos. Aprobada en gran parte por ambas cámaras, la iniciativa quedó pendiente por detalles sobre declaraciones de principios de partidos.
Diputados y senadores del oficialismo, como Constanza Hube de la UDI y Luciano Cruz-Coke de Evópoli, han iniciado coordinaciones para avanzar en un paquete de cambios que incluya umbrales para partidos y requisitos para acusaciones constitucionales. Cruz-Coke señaló que estas reformas merecen primera prioridad una vez superada la Ley de Reconstrucción.
El Presidente José Antonio Kast anunció el lunes un test obligatorio de drogas en la Constitución. Las prioridades del gobierno se centran en emergencias social, económica y de seguridad, sin alusiones explícitas a modernizar la institucionalidad política.
