La segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 2025 fue bloqueada por policías que encapsularon a los manifestantes en Paseo de la Reforma para evitar choques con el desfile militar de la Revolución Mexicana. Los jóvenes exigieron la liberación de detenidos de la protesta anterior y reformas políticas, tras denuncias de abusos policiales. El desfile cambió de ruta y, al concluir, los manifestantes avanzaron hacia el Zócalo.
La marcha inició alrededor de las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia, con un contingente menor que el del 15 de noviembre, que dejó 100 policías heridos y detenciones en CDMX y Jalisco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encapsularon a los manifestantes para impedir su avance hasta el fin del desfile, que comenzó a las 10:00 horas y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La ruta del desfile se modificó para terminar en el Monumento a la Revolución, evitando el Zócalo y posibles conflictos.
Tras el desfile, los policías se retiraron, permitiendo que los manifestantes avanzaran por Avenida Juárez hacia el Zócalo, acompañados por las fuerzas del orden sin reportes de disturbios. La movilización, convocada nacionalmente e invitando a estudiantes de la UNAM, responde al asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre y exige mejoras en seguridad, vivienda, trabajo, revocación de mandato, prohibición de injerencia partidista, transparencia y reforma judicial.
En Jalisco, 32 de 40 detenidos del 15 de noviembre fueron liberados el 21 de noviembre por falta de pruebas de daño a monumentos históricos; ocho quedaron vinculados a proceso, siete con prisión preventiva por seis meses. En CDMX, cinco fueron vinculados por lesiones y robo a policías, uno en prisión por falta de arraigo. Sheinbaum negó persecución política a Edson Andrade, impulsor del movimiento que huyó por filtración de datos, y aplaudió una comisión para investigar disturbios. Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, detalló daños en Palacio de Gobierno como puertas, ventanas y muebles afectados. Organizaciones como Cepad denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y posibles torturas.
