Sudáfrica está experimentando un aumento de la apatía política, marcado por la disminución de la participación electoral a pesar de elecciones competitivas y necesidades nacionales urgentes. Los escándalos de corrupción en los principales partidos están erosionando la confianza pública, lo que podría socavar la legitimidad del gobierno. Esta tendencia podría empoderar a sectores privados, ONG y otros grupos para llenar el vacío dejado por un Estado descomprometido.
El interés público en la política sudafricana ha disminuido durante años, con la participación electoral real –la proporción de votantes elegibles que efectivamente emiten su voto– cayendo en elecciones sucesivas. A pesar de un panorama más competitivo desde 1999, cuando el African National Congress (ANC) enfrentaba poca oposición, las coaliciones impredecibles de hoy y los problemas apremiantes, como la viabilidad de Johannesburgo, no han revertido la tendencia. Las evidencias apuntan a más descensos en las elecciones de 2026.
Los grandes partidos enfrentan crisis de credibilidad. El ANC sigue sinónimo de corrupción, con figuras como David Mahlobo y Malusi Gigaba que aún lo representan, y el vicealcalde de Tshwane, Eugene Modise, vinculado a pagos de una empresa de seguridad contratada por la ciudad. El escándalo Phala Phala del presidente Cyril Ramaphosa persiste, con un fallo pendiente del Tribunal Constitucional sobre el manejo por parte del Parlamento de las recomendaciones de un panel independiente. El partido uMkhonto weSizwe está sumido en conflictos internos, incluida la presunta implicación de la exdiputada Duduzile Zuma-Sambudla en el reclutamiento de familiares para luchar en Ucrania por Rusia. Los Economic Freedom Fighters han perdido impulso, mientras que la Democratic Alliance lidia con informes sobre el mal uso de una tarjeta de crédito del partido por su líder John Steenhuisen y disputas sobre la destitución del miembro del Gabinete Dion George.
Las diferencias raciales en la participación electoral persisten: en las últimas elecciones nacionales, el 73 % de los votantes blancos participaron frente al 55 % de los votantes negros. A medida que crece el desencanto, menos ciudadanos ven opciones viables, debilitando la autoridad del gobierno. Este vacío permite que empresas privadas proporcionen servicios como electricidad y logística, que las ONG y grupos comunitarios gestionen instalaciones, y que grupos vigilantes se encarguen de la seguridad local. Perturbadoramente, líderes religiosos corruptos como Shepherd Bushiri, que huyó a Malaui tras robar millones, Timothy Omotoso, condenado por violación y abuso, y Alph Lukau, conocido por afirmaciones falsas de resurrección, ganan influencia ofreciendo esperanza ante los fallos del Estado. Un gobierno más débil, señalan analistas, perjudica de manera desproporcionada a los pobres.