La Corte Suprema ha desestimado una petición de varios vloggers que cuestionaban la investigación de la Cámara de Representantes sobre la difusión de noticias falsas. El tribunal dictaminó que invitarlos como personas recurso no violaba su libertad de expresión. También enfatizó que las personas recurso deben ser tratadas con respeto durante las audiencias legislativas.
En una decisión redactada por la jueza asociada Amy Lazaro-Javier y hecha pública el 13 de noviembre de 2025, la Corte Suprema desestimó la petición presentada por Ernesto Abines Jr. y otros contra las audiencias del tri-comité de la Cámara de Representantes sobre orden público y seguridad, tecnología de la información y comunicaciones, e información pública. La investigación, lanzada en febrero de 2025, invitó a alrededor de 40 vloggers, muchos de los cuales son conocidos partidarios del expresidente Rodrigo Duterte, incluyendo a Jay Sonza, Sass Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez, Lord Byron Cristobal, Trixie Cruz-Angeles y Lorraine Marie Tablang Badoy.
“En este caso, simplemente invitar a los vloggers como personas recurso no violó su libertad de expresión. La invitación no reguló lo que dijeron o cómo se expresaron”, estableció la corte. Explicó que las audiencias buscaban recopilar información para la elaboración de leyes destinadas a abordar la difusión de información falsa, no para castigar o suprimir el discurso.
Sin embargo, la corte señaló que el cuestionamiento de algunos legisladores fue “indebidamente duro o degradante”. Las personas recurso tienen derecho a cortesía y respeto durante las indagatorias, recordó. El juez asociado principal Marvic Leonen emitió una opinión concurrente separada, afirmando que la petición era improcedente debido al fin de la investigación, pero acordando que sirvió a un propósito legislativo válido contra el “publicación rampante de contenido falso y malicioso en plataformas de redes sociales”.
La decisión enfatizó que el poder de investigación del Congreso está limitado a auxiliar la legislación y debe seguir sus reglas. Otros peticionarios incluyeron a Glenn Chong, Mary Jean Reyes, Richard Mata, Mary Catherine Binag, Ethel Garcia, Krizette Chu, Jonathan Morales, Elizabeth Cruz y Aeron Peña. La resolución, promulgada el 8 de julio de 2025, también abordó los discursos de privilegio del exlegislador Robert Ace Barbers sobre desinformación, encontrando no violación a la libertad de expresión.