Telefónica ha presentado a los sindicatos su propuesta inicial para un nuevo ERE que afectará a 6.088 empleados, con el 82,7% de las bajas como prejubilaciones a partir de los 55 años. La oferta replica condiciones del ajuste de 2024, pero elimina la prima de voluntariedad y reserva la posibilidad de despidos forzosos. Los sindicatos la han calificado de insuficiente y exigen universalidad y voluntariedad total.
El 1 de diciembre de 2025, Telefónica presentó a los sindicatos su primera propuesta para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que impactará a las filiales Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). De las 6.088 bajas previstas, 5.040 (82,7%) se cubrirían con prejubilaciones a partir de los 55 años, y el resto con salidas voluntarias, aunque la empresa se reserva despidos forzosos si no se alcanza el cupo.
La propuesta económica replica el esquema de 2024, pero elimina la prima de voluntariedad. Para nacidos en 1969, 1970 y 1971, ofrece el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% entre 63 y 65. Para 1965-1968, el 62% hasta 63 y 34% después; para 1964 y anteriores, el 52% hasta 63 y 34% hasta 65. Incluye actualización anual del 1% en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta 63 años, cobertura sanitaria, aportación al plan de pensiones, ATAM y cotizaciones por desempleo.
No se contemplan salidas en áreas críticas como cloud, ciberseguridad, IA o IoT. Los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico rechazaron la oferta, calificándola de “insuficiente”. UGT comunicó que sin mejoras en voluntariedad y universalidad, no habrá acuerdo, recordando la garantía de empleo del III CEV que impide despidos sin pacto. CCOO exigió eliminar despidos forzosos y respetar la universalidad. Sumados-Fetico enfatizó la necesidad de premisas de voluntariedad.
Políticamente, la vicepresidenta Yolanda Díaz calificó el ERE de “indecente” en una carta, afirmando que “el dinero público no está para despedir a nadie”, dada la participación de SEPI. El ministro Óscar López insistió en que debe haber acuerdo con sindicatos. Paralelamente, se negocia prorrogar el convenio colectivo hasta 2030, con demandas sindicales de revisión salarial por IPC y corrección de la doble escala salarial.