El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil debate la creación de juntas de heteroidentificación para verificar candidaturas negras y prevenir fraudes en la cuota del 30% de fondos electorales y partidarios para las elecciones de 2026. La propuesta se discutirá en audiencias públicas antes de una decisión de los ministros. La medida busca abordar lagunas observadas en elecciones pasadas.
El TSE planea adoptar un sistema similar al utilizado en universidades y exámenes públicos, donde comisiones evalúan el fenotipo para confirmar las autodeclaraciones raciales. Esta iniciativa responde a fraudes detectados, como cambios en las declaraciones de raza y color por parte de al menos 42.000 candidatos entre las elecciones municipales de 2020 y 2024, según una encuesta de Folha.
Las comisiones del tribunal, incluida la de Igualdad Racial, revisarán la propuesta para las normas de 2026. Someterán a audiencias públicas y, para marzo de 2026, serán votadas por el pleno del TSE mediante resolución. La cuota mínima del 30% fue establecida por una enmienda constitucional aprobada por el Congreso en 2024, tras la amnistía por el incumplimiento de la regla proporcional de 2022, que exigía transferencias iguales al porcentaje de candidatos negros y pardos.
Gabriela Cruz, jefa de Tucanafro del PSDB, informa que los partidos solicitaron las juntas en 2024, pero la propuesta llegó después del plazo. «Nos estamos organizando para solicitarlo nuevamente. Las cuotas se crearon para dar oportunidades a personas negras y pardas de ocupar espacios de poder. Necesitamos este cuidado en la identificación para combatir fraudes», declara. El grupo promete realizar su propia verificación si el TSE no avanza.
Martvs Chagas, secretario nacional del PT para la Lucha contra el Racismo, dice que el partido implementará la estructura para 2026 con el fin de generar incomodidad para los fraudes. Persisten lagunas, como emparejamientos entre candidatos blancos y negros en campañas, donde los fondos de cuota financian propaganda conjunta. El abogado Ricardo Porto explica que esa estrategia es legal si no se trata de una mera transferencia de fondos, considerada fraude por la Justicia Electoral.
La ONG Educafro impugnó el incumplimiento ante el STF, manteniendo reuniones con el ex presidente Luís Roberto Barroso sin avances. Ahora bajo Edson Fachin, el caso espera a un nuevo ministro tras la jubilación de Barroso. Frei David, fundador de Educafro, critica prácticas como alcaldes blancos con compañeros de fórmula negros para desviar fondos, comunes en todo Brasil.