Bajo la administración Trump, los reguladores estadounidenses han virado hacia la integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional, marcando un cambio histórico respecto a los enfoques previos centrados en la aplicación de la ley. Los desarrollos clave incluyen nueva legislación para stablecoins y aprobaciones para que firmas cripto operen como bancos. Esta evolución ha impulsado la adopción institucional en medio de la trayectoria de precios volátil pero ascendente de Bitcoin.
En 2025, el gobierno de EE. UU. bajo el presidente Donald Trump adoptó una estrategia para absorber las criptomonedas en el marco financiero existente en lugar de tratarlas como una amenaza regulatoria. Este cambio fue evidente en las acciones de las principales agencias. La Securities and Exchange Commission (SEC), previamente dirigida por Gary Gensler con un enfoque en demandas contra firmas como Coinbase y Binance, introdujo el Project Crypto bajo nueva dirección. Esta iniciativa busca definir claramente qué tokens digitales califican como valores, alejándose de la regulación mediante aplicación de la ley.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avanzó en la integración al reconocer Bitcoin y Ethereum como commodities y aprobarlos, junto con USDC, como colateral en mercados de derivados a través de su Digital Asset Collateral Pilot Program. Se aplicaron controles de riesgo tradicionales, como haircuts, señalando la confianza institucional en las cripto como infraestructura funcional.
Un hito estructural llegó del Office of the Comptroller of the Currency (OCC), que aprobó condicionalmente cartas de banco nacional de fideicomiso para empresas como Circle y Ripple a finales de 2025. Esto permite a estas firmas operar a nivel nacional sin licencias estatales individuales, facilitando liquidaciones directas y lazos más estrechos con la banca tradicional.
El Congreso aprobó la GENIUS Act, proporcionando claridad legal para stablecoins al exigir un respaldo de reservas del 100%, prohibir la rehipotecación y establecer supervisión federal. Descrita como transformando las stablecoins en 'dólares digitales legalmente reconocidos', esta fue la primera gran legislación cripto en la historia de EE. UU., firmada como ley este año.
Estos cambios redujeron la incertidumbre legal, fomentando la inversión institucional e innovación. El precio de Bitcoin reflejó la resiliencia del mercado: superó los $109.000 a principios de año por el optimismo pro-cripto, retrocedió tras anuncios de aranceles y alcanzó un nuevo máximo histórico cerca de $125.800 en octubre tras recortes de tasas de la Federal Reserve. Los reguladores redujeron las acciones de aplicación, desestimando la mayoría de casos previos, mientras persisten demandas como la apelación de Sam Bankman-Fried. A nivel global, los esfuerzos regulatorios continúan, pero el enfoque de EE. UU. en la integración destaca.