El Parlamento venezolano aprobó por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos, propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La medida, aprobada el 19 de febrero, prevé la liberación de detenidos por razones políticas y la cancelación de órdenes de arresto. Sin embargo, las informaciones difieren sobre si el texto ya ha sido sancionado por la presidenta.
El Parlamento venezolano, a través de la Asamblea Nacional, aprobó el 19 de febrero una ley de amnistía para presos políticos por unanimidad, similar a la primera ronda de consultas celebrada el 5 de febrero. La propuesta fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Según un informe, el texto fue sancionado inmediatamente por Rodríguez, bajo presión de Washington y del presidente Donald Trump, a quien el gobierno cedió parcialmente el control del petróleo venezolano. El objetivo de la ley es liberar a cientos de presos políticos acumulados durante 27 años de chavismo. Rodríguez había anunciado previamente la liberación condicional de 448 detenidos, pero la ONG Foro Penal estima que 644 permanecen encarcelados. El documento incluye la liberación de detenidos por razones políticas, la cancelación de órdenes de arresto y alertas de Interpol. Sin embargo, se mantuvieron excepciones para delitos graves, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, tortura, violaciones de derechos humanos y tráfico. Además, quedaron excluidos los acusados de promover actos armados contra la soberanía de Venezuela o casos que involucren a otros países o corporaciones internacionales. Expertos independientes de las Naciones Unidas enfatizaron que la amnistía «debe aplicarse a todas las víctimas de procesos ilegales e integrarse en un proceso integral de justicia transicional». La oposición cuestionó una cláusula que exige a los beneficiarios presentarse ante la justicia venezolana, lo que podría afectar a los exiliados, incluida la líder opositora María Corina Machado, cuya vuelta al país podría verse obstaculizada. Otro informe indica que la ley aún espera la aprobación final de Rodríguez, lo que pone de manifiesto discrepancias en las versiones sobre el estado de la sanción.
