El Comité Mixto de Presupuestos aprobó el miércoles (3) la Ley de Directrices Presupuestarias de 2026, que obliga al gobierno a pagar el 65 % de las enmiendas parlamentarias antes del período electoral. El texto también autoriza al Ejecutivo a fijar el piso del objetivo fiscal para evitar congelamientos de gastos en año electoral. La votación en el pleno está programada para el jueves (4).
La Comisión Mixta de Presupuestos (CMO) del Congreso Nacional aprobó, el 3 de diciembre de 2025, la LDO de 2026, estableciendo directrices para la elaboración y ejecución del Presupuesto de la Unión. El texto obliga al gobierno de Lula a ejecutar el 65 % de las enmiendas parlamentarias individuales y de bancadas estatales destinadas a la salud para el 4 de julio de 2026, inicio del período electoral. Esta medida, negociada con los partidos del centro, es una concesión del Ejecutivo, que propuso el 60 %, mientras que el centro buscaba el 100 % —un porcentaje que el gobierno amenazó con vetar por rigidizar la gestión presupuestaria.
El relator, el diputado Gervásio Maia (PSB-PB), destacó el diálogo con el gobierno: «Es un gran avance. Agradezco mucho a la ministra Gleisi Hoffmann por toda la interacción, por toda la construcción, por todo el diálogo». Existe un acuerdo informal, mediado por el presidente de la Cámara Hugo Motta (Republicanos-PB), para pagar el 50 % de las enmiendas de comisiones para salud en julio, sin inclusión en la ley.
El texto también autoriza al gobierno a perseguir el piso del superávit del objetivo fiscal primario del 0,25 % del PIB (R$ 34,3 mil millones), permitiendo un resultado efectivo de hasta un déficit de R$ 23,3 mil millones, evitando congelamientos mayores de gastos en caso de frustración de ingresos. Este cambio responde a una alerta del TCU, que consideró ilegal fijar el piso cuando la ley cita el centro como referencia. Para las empresas estatales, el objetivo es un déficit de hasta R$ 6,75 mil millones, más R$ 5 mil millones en inversiones del PAC, con posible revisión para acomodar la reestructuración de Correios.
A pesar de la aprobación, el comité incluyó un adendo propuesto por Luiz Carlos Motta (PL-SP) para ajustar retroactivamente el fondo partidario desde 2016 bajo las reglas del marco fiscal, generando un costo extra de unos R$ 160 millones. Maia se opuso: «Aumentar el fondo partidario no es una prioridad. Es absurdo». La disputa por las enmiendas retrasó la LDO por meses, tras los conflictos de 2025 por demoras en pagos, con el gobierno culpando el retraso en la aprobación del Presupuesto y los parlamentarios acusando favoritismo hacia la base aliada. En 2024, un calendario similar fue vetado y negociado por decreto.