El 2 de marzo de 2026, Miguel Díaz-Canel enfatizó la necesidad de transformaciones urgentes en el modelo económico y social de Cuba. Horas después, se publicó el Decreto-Ley 114/2025, que regula las asociaciones entre entidades estatales y actores privados. Esta medida institucionaliza la cooperación, pero mantiene el control centralizado del Estado.
El 2 de marzo de 2026, durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que se deben promover transformaciones urgentes en el modelo económico y social del país. Ese mismo día, los medios estatales cubanos informaron sobre la sesión, y poco después, la Gaceta Oficial publicó el Decreto-Ley 114/2025 junto con una regulación complementaria sobre asociaciones entre empresas estatales y actores privados.
La nueva norma permite la creación de 'empresas mixtas de responsabilidad limitada' entre entidades estatales y privadas, así como fusiones, adquisiciones de acciones y contratos de asociación económica. Sin embargo, estas operaciones requieren aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, así como evaluaciones interministeriales y autorización del órgano superior al que pertenece la entidad estatal.
Un aspecto clave es el unilateralismo: solo corporaciones con capital cubano al 100% o sociedades de responsabilidad limitada estatales pueden absorber entidades privadas, pero no al revés. Las empresas mixtas deben alinearse con las políticas aprobadas para las empresas estatales y pueden ser denegadas por razones como orden público, defensa, seguridad nacional, viabilidad económica o incumplimientos fiscales previos.
A pesar de estas restricciones, las nuevas entidades podrán exportar e importar directamente según la legislación vigente, fijar salarios de manera autónoma, distribuir utilidades y gestionar sus activos. No obstante, estarán sujetas al sistema nacional de asignación de divisas extranjeras, deberán presentar informes periódicos de indicadores estratégicos al Estado y necesitan aprobación ministerial para cambios sustanciales.
En esencia, la regulación define reglas más claras para la cooperación, reconociendo la importancia del sector privado en la economía cubana. Sin embargo, no altera la supremacía de la empresa estatal ni descentraliza el poder económico, manteniendo la centralización en la aprobación administrativa de las asociaciones.
