Los abogados de la vicepresidenta Sara Duterte argumentaron durante su juicio político que sus presuntas amenazas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. fueron poco convencionales, pero justificadas debido a las amenazas contra su familia.
El 8 de julio de 2026, durante el tercer día del juicio político, el abogado defensor Mark Vinluan afirmó que Duterte no actuaba como vicepresidenta, sino como esposa, madre, hija y hermana que buscaba proteger a su familia. Citó un supuesto complot de la Operación Romanov para eliminar a Duterte y su familia, además de amenazas contra la jefa de gabinete Zuleika Lopez. Vinluan añadió que Duterte sufrió diversas amenazas y acoso tras dejar la administración, lo que culminó en su declaración de noviembre de 2024. Señaló que ella marcó un límite y que su respuesta, aunque poco convencional, fue justificada y no constituye un delito sujeto a juicio político. La fiscalía no estuvo de acuerdo, y el fiscal de la Cámara, Joel Chua, declaró que no hubo explicación alguna. El testigo del NBI, John Mark Calilung, sostuvo que las amenazas fueron absolutas y no condicionales.
