El gobierno ha encargado una investigación para facilitar la deportación de extranjeros condenados. Se les incentivará a aceptar voluntariamente la deportación a cambio de una libertad condicional anticipada.
A partir del 1 de septiembre entra en vigor una nueva ley que supondrá que más extranjeros condenados sean sentenciados también a la deportación tras cumplir su condena. Para garantizar que la ley resulte en un mayor número de deportaciones ejecutadas, se ha encomendado a un investigador examinar si los extranjeros condenados pueden recibir una libertad condicional anticipada.
La investigación tiene como objetivo permitir un tiempo de reclusión menor a cambio de que las personas regresen a sus países de origen de forma voluntaria, afirma el ministro de Migraciones, Johan Forssell (M).
Actualmente es habitual que los condenados a deportación no sean aceptados por su país de origen a menos que regresen voluntariamente. La investigación deberá presentar sus propuestas el 1 de marzo del próximo año.
