El gobierno mexicano avanza en la modernización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) incorporando datos biométricos, con una implementación completa prevista para 2026. Esta medida busca mejorar la seguridad en la identificación, aunque genera debates sobre su obligatoriedad. La transición comienza de forma escalonada en 2025 y se extenderá a trámites públicos y privados.
El gobierno federal de México ha iniciado la transformación de la CURP en una versión biométrica para fortalecer la identificación nacional. El decreto que reforma la Ley General de Población se publicó el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, incorporando fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris al registro.
La implementación se realiza por fases. Desde julio de 2025, una fase piloto opera en estados como Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, donde se habilitaron módulos especiales para tramitar la CURP biométrica. A partir de enero de 2026, el servicio se abrirá al público general en oficinas del Registro Civil y del Registro Nacional de Población (RENAPO) en todo el país. La obligatoriedad entrará en vigor en febrero de 2026, momento en que la CURP convencional dejará de aceptarse en trámites que requieran verificación de identidad.
Esta nueva CURP será requerida en diversos procesos. Incluye acceso a servicios de salud, como inscripciones en hospitales y clínicas públicas; programas sociales y pensiones para el registro y cobro de subsidios; transacciones financieras, como apertura de cuentas bancarias y créditos; y trámites educativos, como inscripciones escolares en instituciones públicas y privadas. Organizaciones privadas y públicas deberán aceptarla como identificación válida.
Para obtenerla, se necesitan documentos como identificación oficial vigente (INE o pasaporte), acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo. El proceso incluye la captura de datos biométricos con consentimiento explícito del titular, bajo normas de protección de datos. Autoridades destacan que reduce fraudes y suplantaciones, facilitando la interoperabilidad gubernamental.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que no será obligatoria como identificación oficial: “La gente decide”. Organizaciones civiles expresan preocupaciones por la posible vigilancia y centralización de datos sensibles, aunque el esquema gradual busca mitigar problemas técnicos y asegurar cobertura nacional.
