Tras la designación en febrero por parte de la CPI de ocho funcionarios como coautores junto al detenido expresidente Rodrigo Duterte, organizaciones de derechos humanos exigen órdenes de arresto tras la confirmación de cargos en el caso de crímenes de lesa humanidad relacionados con las ejecuciones de la guerra contra las drogas.
La Sala de Apelaciones y la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confirmaron recientemente los cargos contra Duterte, quien se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.La Coalición Filipina para la Corte Penal Internacional (PCICC) enfatizó que "la rendición de cuentas no debe detenerse en un solo individuo", instando a la emisión inmediata de órdenes de arresto contra los ocho coautores de alto rango previamente identificados: los senadores Ronald dela Rosa y Bong Go, los exjefes de policía Oscar Albayalde, Camilo Cascolan (fallecido) y Vicente Danao, el exdirector de la NBI Dante Gierran, el exjefe de la PDEA Isidro Lapeña y el exsecretario de justicia Vitaliano Aguirre II. No se han presentado cargos formales públicamente contra ellos más allá de los interpuestos contra Duterte.Los informes sobre una orden de arresto de la CPI contra Dela Rosa —quien no ha asistido a sesiones del Senado desde noviembre de 2025— siguen sin ser confirmados por la corte. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos (PAHRA) hicieron un llamado a continuar con las investigaciones sobre los altos funcionarios de Duterte y a buscar la rendición de cuentas a nivel nacional para los perpetradores de menor rango.
