La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional confirmó los tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte el jueves 23 de abril. El caso avanzará ahora a un juicio completo por los presuntos asesinatos vinculados a su guerra contra las drogas y al Escuadrón de la Muerte de Davao. Duterte permanece detenido en el Centro de Detención de la CPI en Scheveningen, Países Bajos.
El jueves 23 de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, compuesta íntegramente por mujeres, decidió que existen motivos suficientes para creer que Rodrigo Duterte tiene responsabilidad penal por los asesinatos vinculados a su guerra contra las drogas y al Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS, por sus siglas en inglés). Los tres cargos incluyen dos relacionados con la guerra contra las drogas —uno por objetivos de alto valor y otro por la operación Oplan Tokhang— y uno por el DDS. La decisión señaló que testigos internos demostraron que las narrativas de 'nanlaban' (lucha) de la Policía Nacional de Filipinas fueron fabricadas, plantando drogas, dinero y armas en las víctimas.
La CPI declaró que los autores materiales siguieron un modus operandi de manipular pruebas para simular defensa propia. Los jueces revisaron testimonios de 11 testigos internos, siete testigos basados en delitos, un testigo experto y otros siete. Un testigo afirmó que los miembros del DDS eran 'empleados fantasmas' en el Ayuntamiento de Davao durante la alcaldía de Duterte, lo cual fue corroborado por un documento del gobierno municipal de 2013.
Duterte debe asistir al juicio en persona bajo el Artículo 63 del Estatuto de Roma, según la profesora de derecho internacional Evecar Cruz-Ferrer. Permanece detenido en el Centro de Detención de la CPI en Scheveningen, el cual cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Conserva su derecho a asesoría legal, a presentar pruebas, a guardar silencio y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El exrepresentante de Bayan Muna, Neri Colmenares, calificó el fallo como una victoria para las víctimas y para la rendición de cuentas internacional. "Si Duterte hubiera ganado su impugnación, habría servido como modelo para dictadores", afirmó. La secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, lo calificó como una "luz verde" para que el juicio continúe.
