La CPI rechaza el recurso de Duterte para su puesta en libertad provisional

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirmó por unanimidad la decisión de mantener detenido al ex presidente Rodrigo Duterte en La Haya (Países Bajos). No se trata de una condena de reclusión perpetua, como se afirma en un vídeo viral. La decisión se emitió el 6 de marzo de 2026.

El 6 de marzo de 2026, la Sala de Apelaciones de la CPI emitió su decisión confirmando la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de denegar la apelación de Rodrigo Duterte para obtener la libertad provisional. El comunicado de prensa señalaba que el informe médico de la defensa no contenía nueva información sobre la salud de Duterte, ya que los médicos seleccionados no habían realizado un nuevo examen. También afirmó la imparcialidad de los procedimientos previos al juicio. En consecuencia, Duterte sigue detenido en La Haya a la espera de la vista de confirmación de cargos, que se decidirá en un plazo de 60 días, en la que los jueces podrán confirmar los cargos si hay pruebas suficientes, rechazarlos o aplazarlos para una investigación más exhaustiva. Duterte fue detenido el 11 de marzo de 2025 por presuntos crímenes contra la humanidad derivados de la guerra contra las drogas de su administración, de la que grupos de derechos humanos citan más de 30.000 víctimas. Un vídeo publicado el 8 de marzo de 2026, con 45.017 visitas, tergiversó informes de Saksi, de GMA News, y de DZMM Teleradyo, de ABS-CBN, indicando una condena a cadena perpetua o reclusión perpetua. En Saksi, el presentador Mariz Umali declaró: "El ex presidente Rodrigo Duterte permanecerá detenido en La Haya, Países Bajos. Esto después de que la sala de apelaciones de la CPI... confirmara la decisión anterior de la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de que Duterte permaneciera allí". En ninguno de los dos informes se menciona una sentencia. La reclusión perpetua según el Código Penal Revisado de Filipinas es de 20 años y un día a 40 años, distinta de la cadena perpetua; la CPI puede imponer hasta 30 años o cadena perpetua.

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