La Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional dictaminó el 22 de mayo que el expresidente filipino Rodrigo Duterte seguirá detenido en La Haya. La decisión fue tomada tras revisar su solicitud de libertad provisional basada en motivos de salud.
La sala no encontró ningún cambio notable en las circunstancias que justificara su libertad temporal. Los informes médicos de tres expertos designados por la CPI no mostraron información que justificara su puesta en libertad, a pesar de las alegaciones sobre caídas y problemas de memoria.
Los jueces citaron la negativa de Duterte a reconocer la jurisdicción de la Corte como prueba de que no cumpliría con las condiciones de libertad. Asimismo, señalaron que su acceso a recursos y partidarios en Filipinas son factores que aumentan el riesgo de fuga.
La confirmación de los cargos contra Duterte en abril fue vista como un aumento en el riesgo de fuga. Se ha programado una conferencia de estado para el 27 de mayo con el fin de discutir los plazos y procedimientos del juicio.
