Duterte
La CPI fija el inicio del juicio contra Duterte para el 30 de noviembre
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La Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional ha programado el inicio del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte para el 30 de noviembre de 2026. La decisión se tomó durante una conferencia de estado celebrada el 27 de mayo de 2026 en La Haya.
La Corte Penal Internacional busca traductores de tagalo y cebuano para el próximo juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte.
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La Corte Penal Internacional permitió que el abogado asociado Dov Jacobs se retirara del equipo de defensa del expresidente Rodrigo Duterte el 8 de mayo. El abogado principal, Nicholas Kaufman, también solicitó dejar el caso a medida que este entra en la etapa de preparación del juicio.
El alcalde Sebastian “Baste” Duterte prestó juramento el sábado como nuevo presidente del Partido Demokratikong Pilipino-Laban ng Bayan (PDP-Laban) en la ciudad de Davao, en sustitución de su padre, el expresidente Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte se encuentra detenido en las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya.
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La Comisión de Justicia de la Cámara ha emitido citaciones para varias personas, incluyendo a "Mary Grace Piattos", antes de su audiencia del 14 de abril sobre la denuncia de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. También ordenó a la BIR que presente los registros fiscales de Duterte y su esposo, Manases Carpio.
Un video de TikTok que afirma que la vicepresidenta Sara Duterte está preparando documentos para el regreso de su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, a Filipinas el 1 de abril de 2026, es falso. La verificación de hechos de Rappler no halló evidencia de su oficina ni de fuentes creíbles que lo respalden. Duterte permanece detenido en la ICC en La Haya mientras avanza su caso.
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Expertos confirman que la reunión del exsecretario de Justicia Jesus Crispin Remulla con funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso contra el ex presidente Rodrigo Duterte no viola ninguna ley. El Departamento de Justicia afirma que no existe impedimento legal para la coordinación del gobierno filipino con la CPI, a pesar de la retirada del país del Estatuto de Roma. Esto ocurre en medio de audiencias previas al juicio por cargos de crímenes contra la humanidad.
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