Durante su primera audiencia pública el 14 de abril de 2026, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes emitió una citación para que el exsenador Antonio Trillanes IV testifique y presente documentos en la investigación de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. La medida se produjo en medio del testimonio de Ramil Madriaga, quien confesó haber sido un recaudador y detalló el rápido gasto de fondos confidenciales, mientras que la Comisión de Auditoría confirmó una desaprobación de 73.287 millones de pesos en los gastos de la Oficina de la Vicepresidencia (OVP).
La audiencia del 14 de abril en Manila marcó el primer examen público del comité sobre la denuncia de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, tras la decisión de la Corte Suprema de no emitir una orden de restricción temporal.
La representante Leila de Lima presentó una moción para una citación ad testificandum y duces tecum contra Trillanes para la sesión del 22 de abril de 2026. "Propongo respetuosamente la emisión de una citación ad testificandum y duces tecum al exsenador Antonio Trillanes IV, requiriéndole que comparezca en la próxima audiencia el 22 de abril de 2026 y presente documentos relacionados con la presunta riqueza ilícita y la falta de declaración de activos en los SALN de la vicepresidenta", declaró.
El comité consideró relevante el aporte de Trillanes, citando sus testimonios anteriores ante el Cuarteto de Comités de la Cámara y su mención en una denuncia de juicio político sobre la presunta riqueza oculta de Duterte.
Ramil Madriaga, ex asistente de Duterte y confeso recaudador, testificó y presentó una declaración jurada suplementaria. Afirmó que el expresidente Rodrigo Duterte le ordenó vigilar, operar contra y sabotear a Trillanes, pero que se abstuvo de realizar un asesinato debido a los vínculos militares de este último. Madriaga también revisó su relato sobre los fondos confidenciales de la OVP, declarando que dispuso de 125 millones de pesos en menos de 24 horas en diciembre de 2022 —más rápido que su informe anterior de 11 días— a través de entregas de efectivo a la Oficina del Ombudsman y otros sitios, bajo la dirección de la vicepresidenta Duterte e involucrando a funcionarios como el coronel Dennis Nolasco y el coronel Raymund Dante Lachica.
La Comisión de Auditoría confirmó la firmeza de su desaprobación de 73.287 millones de pesos en los fondos de la OVP, cubriendo 69.78 millones de pesos en recompensas y 3.5 millones de pesos en muebles y computadoras. Los aliados de Duterte desestimaron a Madriaga por considerarlo poco fiable, mientras que el bloque Makabayan elogió su testimonio como creíble e incriminatorio.
