La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes inició el 14 de abril de 2026 su primera audiencia pública sobre la denuncia de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. Se espera que testigos clave, entre ellos Ramil Madriaga y funcionarios de diversos organismos, declaren ante el panel. El proceso avanzó después de que la Corte Suprema no emitiera una orden de restricción temporal.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes comenzó a examinar las pruebas y a escuchar testimonios por primera vez en el proceso de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte el martes 14 de abril. Se prevé que se presenten documentos y testigos citados de la Oficina Nacional de Investigación, la Comisión de Auditoría, la Oficina de Ingresos Internos y la Oficina del Defensor del Pueblo. Ramil Madriaga, ex asistente de Duterte señalado como presunto recaudador de dinero ilegal, está programado para declarar sobre su declaración jurada en la que afirma haber coordinado con sus oficiales de seguridad el transporte de dinero en efectivo.
El magistrado jubilado de la Corte Suprema, Adolf Azcuna, señaló que la negativa de la Corte Suprema a emitir una orden de restricción temporal indica que el panel de justicia de la Cámara puede proceder a determinar la causa probable. "El mensaje aquí es que la Corte Suprema no desea intervenir en esta etapa en los procedimientos de la Cámara a nivel de comisión", dijo Azcuna a ANC. Señaló que la postura orientada a la acusación por parte de la Cámara no constituye un sesgo, ya que el juicio político en esta fase se trata de imputar cargos, no de juzgar.
Duterte buscó la intervención de la Corte Suprema para detener las audiencias, cuestionando la jurisdicción de la comisión y calificando el proceso de inconstitucional debido a la prohibición de un año. El diputado Terry Ridon afirmó: "No pueden restringir la verdad relacionada con sus ingresos personales y comerciales", refiriéndose a los registros fiscales de Duterte y su esposo que se presentarán en las audiencias.
La Cámara tiene 60 días de sesiones a partir del 23 de febrero para completar su informe. La aprobación por parte de un tercio del pleno de la Cámara lo enviaría al Senado para el juicio.
