Tras concluir su primera audiencia sobre el presunto soborno y mal uso de 612.5 millones de pesos en fondos confidenciales por parte de la vicepresidenta Sara Duterte, el comité de justicia de la Cámara se centrará en su presunta riqueza injustificada en la próxima sesión el 22 de abril. La presidenta del comité de justicia de la Cámara, la representante Gerville Luistro, hizo este anuncio tras una conferencia de prensa el martes.
MANILA, Filipinas — El comité de justicia de la Cámara ha completado su audiencia aclaratoria inicial sobre el presunto soborno y mal uso de 612.5 millones de pesos en fondos confidenciales por parte de la vicepresidenta Sara Duterte. El enfoque cambiará hacia las acusaciones de su riqueza injustificada durante la próxima audiencia el 22 de abril, según la presidenta del comité y representante del segundo distrito de Batangas, Gerville Luistro. "Tenemos la intención de centrarnos en la próxima audiencia en las acusaciones de riqueza injustificada, razón por la cual no se solicitó la presencia del ombudsman, la SEC y el BIR en la audiencia de hoy", dijo Luistro en una conferencia de prensa el martes por la noche. El comité también aprobó mociones para citar al Consejo Anti-Lavado de Dinero (AMLC) y al exsenador Antonio Trillanes IV para que testifiquen sobre transacciones bancarias anómalas o sospechosas entre 2006 y 2025. El presidente del panel de cuentas públicas de la Cámara y representante del partido Bicol Saro, Terry Ridon, dijo que la sesión cubrirá la Declaración de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto (SALN) de Duterte, las presentaciones de declaraciones de impuestos sobre la renta (ITR), las transacciones bancarias y los detalles proporcionados por Trillanes. Las citaciones se limitaron a las transacciones señaladas que involucran a Duterte y a su esposo, Manases Carpio, ya que la acusación de riqueza injustificada se centra en su SALN. La audiencia del comité de justicia del martes contó con la participación de personas como recurso, incluido el confeso recolector de fondos de Duterte, Ramil Madriaga, su notario público y representantes de la Comisión de Auditoría, los registros de la Cámara, la Autoridad de Estadísticas de Filipinas y la Oficina Nacional de Investigación. Las denuncias de juicio político alegan que Duterte depositó al menos 111 millones de pesos en bancos de la ciudad de Davao y Metro Manila entre 2006 y 2015, una cantidad desproporcionada con respecto a su salario como ex vicealcaldesa y alcaldesa de la ciudad de Davao. Su patrimonio neto supuestamente aumentó de 13.8 millones de pesos en 2007 a 44.8 millones de pesos en 2017, a pesar de un salario anual estimado de 2 millones de pesos.
