La vicepresidenta Sara Duterte fue formalmente ordenada el jueves 5 de marzo a responder dos denuncias de impeachment presentadas contra ella en la Cámara de Representantes. La Oficina de la Vicepresidenta recibió la notificación del comité de justicia de la Cámara en su sede en la Ciudad de Mandaluyong. Dispone de un plazo inextensible de 10 días para presentar una respuesta verificada.
El jueves 5 de marzo, la Oficina de la Vicepresidenta recibió una notificación oficial del comité de justicia de la Cámara, que otorga a la vicepresidenta Sara Duterte un plazo de 10 días para responder a dos denuncias de impeachment. Las denuncias fueron presentadas por el P. Joel Saballa y otros, y por el abogado Nathaniel Cabrera. Si Duterte no responde dentro de ese plazo, se considerará una renuncia a su derecho de responder y una negación general de todas las alegaciones. La notificación llegó un día después de que el comité de justicia votara 54-1 para declarar las denuncias suficientes en sustancia, el segundo paso preliminar en el proceso de impeachment. El único voto disidente fue del representante Bong Suntay, del 4.º distrito de Quezon City. Según la representante Jinky Luistro, presidenta del comité, el panel decidirá si hay motivos suficientes solo después de que se presenten todos los escritos y las pruebas. Si Duterte opta por no responder, el comité lo tratará como una negación y procederá a las audiencias. Michael Poa, portavoz del equipo de defensa de Duterte, confirmó la recepción de la notificación, pero no ofreció más comentarios. «Reconocemos la recepción de la notificación entregada hoy. En este momento, no vemos necesidad de emitir ningún comentario adicional», dijo a los periodistas. Las acusaciones incluyen traición a la confianza pública, violación culposa de la Constitución, malversación y corrupción, soborno y otros delitos graves. Se centran en el presunto mal uso de P612,5 millones en fondos confidenciales de la Oficina de la Vicepresidenta y del Departamento de Educación durante su gestión como secretaria de Educación, así como en las amenazas que Duterte hizo contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y el expresidente de la Cámara Martin Romualdez. Esto marca el segundo intento de impeachment contra Duterte. El primero ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando la Cámara la impeachó y envió los artículos al Senado, pero el Senado los remitió y la Corte Suprema dictaminó que la denuncia era inconstitucional en julio de 2025 debido a la prohibición de un año. Un nuevo desarrollo en esta ronda es el testimonio de Ramil Madriaga, exayudante autoproclamado de Duterte, quien afirmó que ella le instruyó transportar grandes sumas de dinero a varias personas.
