El comité de justicia de la Cámara de Representantes emitió múltiples citaciones el miércoles en relación con las denuncias de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, solicitando sus declaraciones de bienes, registros fiscales y otros documentos desde 2007 hasta 2025. El panel convocó a testigos clave y solicitó registros a agencias como la Oficina del Ombudsman, la BIR, la SEC y el NBI. Duterte no asistió a la audiencia.
El miércoles, el comité de justicia de la Cámara de Representantes, presidido por la representante del segundo distrito de Batangas, Gerville Luistro, aprobó múltiples citaciones vinculadas a las denuncias de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. Estas incluyeron una citación a la Oficina del Ombudsman para obtener copias certificadas de sus declaraciones de bienes, pasivos y patrimonio neto (SALN, por sus siglas en inglés) que cubren los periodos de 2007-2013 como vicealcaldesa de la ciudad de Davao, 2016-2022 como alcaldesa y 2022-2025 como vicepresidenta. Se ordenó a la Oficina de Impuestos Internos (BIR) presentar los registros fiscales de Duterte, su esposo Manases Carpio y las entidades comerciales asociadas desde 2007 hasta 2025. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recibió citaciones para obtener hojas de información general y estados financieros auditados de empresas relacionadas con la familia Duterte para verificar la titularidad y la actividad financiera. En una votación de 34-1-0, el panel solicitó el informe de la Oficina Nacional de Investigación (NBI) sobre la presunta amenaza de asesinato de Duterte contra el presidente Marcos, la primera dama Liza Araneta Marcos y el expresidente de la Cámara Martin Romualdez en noviembre de 2024. Ramil Lagunoy Madriaga, un detenido autoproclamado emisario de Duterte recluido en Camp Bagong Diwa, quien supuestamente enfrentó amenazas de muerte y una oferta de soborno de 500 millones de pesos, fue convocado a declarar en una votación de 29-1-0; una moción de 35-1-0 aprobó su traslado a una ubicación segura designada por la Cámara. Otras citaciones fueron dirigidas a la notaria Cynthia Vinas-Pantonal, a un representante de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas para los registros de la Oficina de la Vicepresidencia y del Departamento de Educación (DepEd), y al abogado de Duterte, Michael Poa, en una votación de 34-3. Poa declaró: “Podremos contradecir sus afirmaciones si él puede testificar... para poner a prueba su credibilidad”. El representante de Cagayan de Oro, Rufus Rodriguez, quien votó en contra de las mociones, calificó a Madriaga de “testigo contaminado” y a las citaciones de la SALN como una “clásica expedición de pesca”. Duterte se ausentó de la audiencia, lo cual la presidenta Luistro consideró una “violación culpable de la Constitución” y la representante Leila de Lima calificó como una “falta de respeto al proceso constitucional”. Luistro afirmó que se seguiría invitando a Duterte y que la Cámara aborda los problemas económicos sin presión externa. Las próximas audiencias están programadas para el 14, 22 y 29 de abril. El secretario general de Bayan, Raymond Palatino, criticó la ausencia como un desdén hacia la rendición de cuentas.
