El Gobierno japonés planea exigir cribado por un organismo de inteligencia a empresas e inversores extranjeros antes de que inviertan en compañías japonesas si hay altos riesgos para la seguridad nacional. En 2026 creará una nueva organización equivalente al Comité sobre Inversión Extranjera en EE.UU. (CFIUS) para participar en estas revisiones. El objetivo es evitar la filtración al exterior de tecnologías e información de empresas japonesas.
El Gobierno japonés planea presentar al Dieta ordinaria de 2026 un proyecto de ley para revisar la Ley de Cánones de Cambio y Comercio Exterior, con el fin de monitorear de manera más rigurosa el impacto de las inversiones extranjeras en la seguridad nacional. La revisión aclarará la participación de organizaciones de inteligencia, especialmente para inversiones de alto riesgo en sectores designados como el desarrollo espacial y la energía nuclear.
Actualmente, las entidades extranjeras deben presentar notificaciones previas y someterse a cribado al adquirir el 1% o más de acciones en empresas japonesas cotizadas o incluso una sola acción en no cotizadas en estos sectores. Los cribados son manejados por organismos administrativos como el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, pero el rol de las organizaciones de inteligencia ha sido poco claro hasta ahora. El Gobierno indica que hubo 2.903 solicitudes de cribado en el ejercicio fiscal 2024, unas ocho veces más que en Estados Unidos.
La nueva organización, similar al CFIUS, incluirá funcionarios del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, la Secretaría de Seguridad Nacional y la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete. El número de funcionarios de cribado se duplicará de unos 70 a unos 140. Esta iniciativa es una promesa clave de política del primer ministro Sanae Takaichi e está incluida en el acuerdo de coalición entre el Partido Liberal Democrático y el Partido de la Innovación de Japón.
En contraste, el CFIUS de EE.UU. ha emitido 10 órdenes de prohibición de adquisiciones, la mayoría involucrando compañías o fondos chinos, excluyendo casos como la oferta de Nippon Steel por U.S. Steel. Japón busca fortalecer los controles, incluidos sobre adquisiciones extranjeras de otras firmas extranjeras que posean acciones japonesas.
