El abogado de derechos humanos Deji Adeyanju escribió una carta abierta al presidente Bola Tinubu el 27 de julio de 2026, solicitando la declaración de un estado de emergencia en el sector de la vivienda debido a los elevados alquileres que afectan a los nigerianos.
Adeyanju citó la Sección 14(2)(b) de la Constitución de Nigeria, que exige que el gobierno priorice la seguridad y el bienestar de la población. También hizo referencia a las Secciones 16(1)(b) y 16(2)(d), junto con las obligaciones de Nigeria bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La carta destacó las prácticas de alquiler en Abuya y Lagos, incluyendo la exigencia de pagos por adelantado de dos a tres años de renta, comisiones de agencia superiores al 10 o 20 por ciento y cargos por servicios no regulados. Adeyanju describió estas prácticas como explotadoras y solicitó establecer límites, tales como un máximo de un año de renta por adelantado y que las comisiones combinadas de agencia y gastos legales no superen el 7,5 por ciento del alquiler anual.
Adeyanju propuso la creación de un grupo de trabajo presidencial especial para redactar una política nacional de vivienda en un plazo de 90 días, la zonificación obligatoria para viviendas de bajos ingresos en proyectos urbanos y una plataforma digital para que los inquilinos denuncien infracciones. Asimismo, instó a aplicar medidas coercitivas mediante multas y sanciones para los propietarios y agentes que no cumplan con la normativa.
