Casi la mitad de las empresas atacadas pagan rescates ante las crecientes exigencias, según datos de 2025. Gobiernos como el del Reino Unido están promoviendo la prohibición de pagos por parte de organismos del sector público e infraestructuras críticas. Los expertos debaten si dichas prohibiciones ayudan o perjudican los esfuerzos de recuperación.
Una investigación de Sophos muestra que casi el 50 por ciento de las víctimas de ransomware paga para recuperar el acceso, con un aumento en las demandas medias. El número de víctimas confirmadas a nivel mundial se disparó un 389 por ciento interanual, alcanzando las 7.831 en 2025.
El gobierno del Reino Unido está avanzando en sus planes para prohibir los pagos por parte de organismos públicos como el Servicio Nacional de Salud (NHS), ayuntamientos y escuelas. Prohibiciones similares a nivel estatal en Carolina del Norte y Florida, vigentes desde 2021 y 2022 respectivamente, no han disuadido los ataques.
Los expertos señalan que las herramientas de IA, como WormGPT, han reducido los costes de los ataques y permitido a los piratas informáticos atacar a múltiples organizaciones a la vez. Algunos advierten que las prohibiciones podrían empujar a los delincuentes hacia empresas privadas no reguladas y elevar las primas de los seguros.
Otros destacan la gestión de la exposición, la autenticación multifactor y los controles de visibilidad sobre los sistemas como mejores defensas a largo plazo. Los especialistas en recuperación afirman que las decisiones deben evaluar la sensibilidad de los datos y la viabilidad de las alternativas en lugar de aplicar normas generalizadas.